AES GENER EN LA MIRA

Como «prácticas inaceptables» que «cortan la democracia» calificó el mundo político el acuerdo mordaza de Aes Gener.

Fuente: Diario El Mostrador.

El acuerdo entre la empresa Aes Gener con los sindicatos de pescadores de la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví, fue criticado transversalmente por el mundo político. La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, sostuvo que «ningún acuerdo entre privados puede eximir a nadie de sus responsabilidades». Crítica compartida por el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, quien pidió a los habitantes «que no se produzcan silencios respecto del daño al medio ambiente que se está introduciendo en la comuna».

Fotografía: Claudia Pool – Colectivo Muchangas, Ventanas.

AES Gener –en cuyo directorio figura Daniel Fernández Koprich, alto ejecutivo y ex-director de empresas del Estado y Ricardo Falú, en su calidad de gerente general– es la segunda mayor generadora de energía del país y, a través de su filial en Chile, Inversiones Cachagua Limitada, pertenece a la multinacional AES Corporation, con negocios en los cinco continentes y oficinas centrales en Estados Unidos.
Hace unos años, la compañía estaba ubicada en el número 151 del listado Fortune 500 –de la revista Fortune–, donde figuran las empresas estadounidenses de capital abierto con mayor peso.

Mientras dicho pacto fija para 2040 el fin de ese tipo de generadoras en Chile, la iniciativa legal señala el 31 de diciembre de 2025 como plazo máximo para que dejen de existir y funcionar, así como el retiro inmediato de las centrales con más de 30 años de antigüedad. Más allá de las distintas fechas, existe una diferencia más consistente entre ambas formas de lograr la descarbonización: el acuerdo es voluntario, mientras que la ley es vinculante.

Impacto causó el reportaje de El Mostrador en donde se reveló un acuerdo mordaza que realizó la empresa Aes Gener –dueña de cuatro termoeléctricas en la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví– con los miembros de distintos sindicatos de pescadores artesanales del lugar, para que se desistieran de continuar con una demanda civil que buscaba la reparación por la contaminación de las aguas producto de los frecuentes varamientos de carbón.

Por una acotada suma de dinero, a repartir en tres pagos de aquí al 2024 (no más de $4 millones en cinco años, mientras los honorarios del abogado César Barra, representante de los pescadores, y ligado al Partido Socialista, ascendían a cerca de $500 millones), los pescadores acordaron renunciar a la posibilidad de recibir todo tipo de indemnización adicional, no solo por los daños producidos por los efectos de los varamientos en el presente, sino además por todos los que podría causar este tipo de contaminación en el futuro y que afectaren no solo a los firmantes, también a sus familiares, socios, parientes lejanos y hasta amigos.

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